La segunda audiencia de Javier Duarte en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal se sustentó en dos órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de Estado (FGE), por el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión Estatal de Agua de Veracruz (CAEV), y el uso de un helicóptero propiedad del gobierno del estado, cuando ya no era funcionario público.
Por estos hechos se le imputaron los delitos de incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias, abuso de autoridad y coalición.
Al tomar la palabra, el ex gobernador advirtió que las acusaciones eran irrisorias pues él era ex funcionario cuando usó un helicóptero del gobierno estatal, por lo que consideró no se le puede acusar de incumplimiento de un deber y tráfico de influencias. “Ni siquiera usarlo, sino un traslado de Xalapa a Coatzacoalcos, se me hace irrisorio gastar el tiempo de este tribunal y del sistema penal guatemalteco”.
Duarte cuestionó que el gobierno de Veracruz no lo acusa por los miles de millones de pesos que “se han llenado la boca “ diciendo en la prensa y los medios de comunicación, sino por depositar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del estado a otra del gobierno : “ Es decir no hay una extracción del dinero púbico, y aparte que esa transferencia está fundada en oficios donde no participé, no firmé, el gobernador del estado no tiene esa competencia, para eso existen los secretarios de cada una de las dependencias”, respondió.
Duarte insistió en que las acusaciones formuladas en su contra eran “irrisorias” y una perdida de tiempo para el máximo tribunal.
“He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país, en términos coloquiales acepto la extradición del gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto”, declaró ante el Tribunal.
¿ De qué lo acusa el gobierno de Veracruz ?
Las ordenes de aprehensión giradas por la Fiscalía de Veracruz son la 38/2017 de fecha 9 de marzo del 2017, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias al usar un helicóptero propiedad del gobierno del estado cuando ya no era funcionario público, el cual lo trasladó de Xalapa a Coatzacoalcos el 14 de octubre del 2016 –cuando ya había solicitado licencia al cargo el 12 de octubre.
La segunda orden de aprehensión integrada por la FGE es la 56/2017 del 30 de marzo donde lo acusan de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y coalición.
En esta carpeta se señala que el entonces subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Carlos Aguirre ordenó en fecha 13 de agosto del 2013 al entonces director de la CAEV, Francisco Valencia transferir recursos por 220 millones de pesos a una cuenta de Bancomer.
En la acusación se informó que existen varios oficios donde se sustenta que se realizaron seis transferencias bancarias por un monto de 220 millones de pesos por ordenes de Javier Duarte, entonces gobernador de Veracruz.
También se informa que existen al menos ocho oficios donde se detallan las ordenes y los montos de desvío.
La acusación también se sustenta en la denuncia interpuesta el 13 de diciembre del 2016, por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), relativo a la cuenta pública.
Extradición se concretará hasta resolver primera extradición por delitos federales
Durante la audiencia se señaló que en contra de Javier Duarte existe otro procedimiento de extradición en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, en la causa 01032 -2017005, por ilícitos del fuero federal.
Estos delitos son los integrados por la Procuraduría General de la República (PGR) por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, por lo que solicitó extradición el 19 de abril pasado.
El Juez del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Saúl Martínez señaló que se tiene que resolver la primera petición , por lo que la entrega de Duarte a México tendrá que ser atrasada o diferida hasta que sea resuelto el requerimiento de extradición del Tribunal Quinto.
Cabe recordar que en ese entonces el ex gobernador se reservó su derecho de aceptar o no la extradición de Guatemala a México, pues dijo esperaría hasta la petición formal del gobierno mexicano.
Los abogados defensores
En la primera audiencia el abogado defensor fue Oscar Passán, sin embargo en esta nueva audiencia el abogado acreditado fue Carlos Velásquez.
Durante la presentación, Duarte pidió acreditar al abogado mexicano Paulo Campuzano de la Mora, sin embargo la petición fue rechazada, pues para asesorarlo en la audiencia debía estar inscrito en el Colegio de Abogados de Guatemala.
De igual forma, Duarte envío una solicitud al juez para reservar el caso y no permitir la entrada a medios de comunicación, lo cual también fue denegado, con el argumento de que los juicios son trasmitidos para dar mayor transparencia los proceso legales.
A diferencia de la primera audiencia, Javier Duarte lució ahora con barba, sonriente e intercambiando palabras con los abogados y los propios fiscales del máximo tribunal.
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