INCUMPLIDA OBLIGACIÓN OFICIAL DE INFORMAR Y NEGADO DERECHO CIUDADANO A SABER.

Por  Rafael Arias Hernández.
La ignorancia es la madre de la felicidad, hasta que la necia realidad impone sus condiciones, limitaciones y efectos.
El reto está ahí, exigiendo atención y solución. Si lo económico, financiero y social no se atienden, resuelven y mejoran, ya se sabe lo que va a pasar: en los gobiernos sobreviven, proliferan e imponen irresponsables, simuladores, ineptos y corruptos, en la continuidad de la impunidad.
Gobernar al gobierno es derecho y obligación ciudadana y social.  En una democracia, aún tan incipiente y defectuosa como la nuestra, las respuestas y soluciones favorables no son divinas, aristocráticas, o alienígenas. Fundamentalmente son y deben ser nuestras, no vienen de afuera. Exigen y dependen de más y mejor interés y activismo individual y social.
Por eso hay que insistir y respaldar el cambio verdadero. Si cambiar es la condición de la vida, entonces hay que apoyar lo real y positivo, lo enfocado a logros y avances en bienestar y desarrollo para las mayorías.



La transformación apenas empieza, el nuevo gobierno lleva solo unas semanas. En el ejercicio de libertades y derechos, hay que informarse y participar con responsabilidad, porque no es ni será fácil y rápido. En la diversidad y pluralidad son determinantes, la formación de consensos y la unificación de esfuerzos.  TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN.
Lecciones no aprendidas, ignoradas, postergadas llevan a más de lo mismo y peor.
La Historia cansada de repetirse, se empeora y complica. Lo más grave es que responsables y culpables gozan de ventajas y beneficios, que obtienen de la desgracia y el sacrificio general.
Importante precisar y aclarar. Empezar por la transparencia y acceso a la información gubernamental, que debe atender al mismo tiempo, tanto la ineludible obligación de informar; como el inalienable derecho a saber.
En los dos casos, en la vida cotidiana, debe estar claro que esto significa que todo gobernante o funcionario, electo o nombrado, tiene como obligaciones simultáneas e ineludibles, tanto informar, como garantizar el derecho ciudadano a saber, sobre cualquier aspecto o tema oficial.
Hay que decirlo porque la inmensa mayoría, solo se dedica a  mal atender lo que algunos ciudadanos preguntan, y no se cumple con el deber de difundir y poner a disposición pública, la información oficial que genera o caracteriza su cargo o responsabilidad. Todo esto, bajo la insuficiente o encubridora actuación, de los órganos autónomos, nacional (INAI) y estatal respectivo (IVAI), supuestamente encargados de garantizar, en verdad, cumplimiento de obligaciones y garantía de derechos.
Por ahora, permítase solo resaltar e insistir en exigir, cumplir y hacer cumplir, la permanente obligación de informar de todo servidor público, que al permitir o facilitar, opacidad e  incumplimiento, se convierten en simuladores, encubridores y cómplices. Chéquese y compruébese.  ¿Qué informan o desinforman los obligados? ¿Qué vigilan los caros e inútiles órganos vigilantes?
En todo caso, se debe considerar lo contenido en el artículo 6 de la Constitución General,  la(s) ley(es) de Transparencia y Acceso a la Información,  y  otras relacionadas con el tema.
“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios….
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información…
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos… ”
Importante conocer obligaciones y derechos al respecto. Demasiados servidores públicos, en muchas formas, no solo no cumplen con sus obligaciones, sino que además se aprovechan para su beneficio personal o de grupo, al hacer uso y abuso de patrimonio y recursos públicos, así como de  atribuciones institucionales a su disposición, 
La problemática crece y complica, porque en gran parte, falta  imponer  seguimiento y asumir el control de lo gubernamental.
Necesario insistir y repetir que tanto ineficiencia y delincuencia gubernamental, como la continuidad de la impunidad siguen presentes, generando intocables y reciclables en los diversos ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal). 
El derecho a evaluar para respaldar o revocar, se fortalece con el de informarse y actualizarse permanentemente, para participar activamente; para asegurar  logros, y evitar o corregir fracasos.
El cambio verdadero exige informarse, actualizarse y saber de  necesidades y prioridades sociales; conocer de esfuerzos y  tamaño de los retos;  enterarse de la amplitud y complejidad de los problemas.
Ni la afirmación aduladora y servil, ni la negación por principio. Tampoco exagerar,  subestimar o sobre valorar. Asegurar acceso a  la información y fortalecer participación y evaluación. En una democracia la responsabilidad es de todos, al gobierno hay que gobernarlo.
Se requieren servidores públicos, con capacidad de respuesta y  previsión, no sólo simples administradores de la rutina burocrática o de la urgencia de lo inmediato.
-Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelArias