Por Juan Luis García Hernández/
Ciudad de México. (SinEmbargo).– El 15 de noviembre pasado, durante la presentación de su primer Informe como Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, reconoció que la inseguridad se mantiene como un “problema grave” en la entidad.
Yunes Linares afirmó en aquella ocasión que “las ejecuciones derivadas de enfrentamientos entre bandas de delincuentes organizados incentivan la percepción de inseguridad”.
Pero las cifras oficiales hablan por sí solas: la administración del panista superó este año las cifras históricas de homicidios intencionales, secuestros y robos de vehículo con violencia.
Organizaciones civiles y especialistas reprobaron el primer año de la gestión del panista en los rubros de seguridad y procuración de justicia. Los activistas recordaron que Yunes Linares se comprometió en su campaña a cambiar la situación de violencia e impunidad en los primeros 6 meses.
Lucía de los Ángeles, fundadora del Colectivo Solecito, expuso que la actual administración ha resultado un “refrito” de la de Javier Duarte de Ochoa.
“Basta con abrir cualquier periódico para saber la situación en la que está Veracruz. Está en los primeros lugares de homicidios, secuestros, asaltos armados, o sea con esta administración no le ha ido nada bien. Y eso que Yunes prometió terminar con la inseguridad en cuestión de seis meses y si acaso se ha empeorado”, lamentó la madre que encabeza el grupo que se encarga de buscar a personas desaparecidas.
En los primeros 10 meses del año las carpetas por homicidio doloso de Veracruz suman mil 382, los secuestros 146 y el robo de vehículos con violencia 2 mil 333. Ninguno de las tres clasificaciones tiene un antecedente superior en los últimos 20 años.
Javier Bolio Hernández, director del Observatorio Ciudadano (ONC) en Veracruz, expuso que la violencia ha subido a nivel estatal y en el área metropolitana a partir del primer semestre del año, “si bien hay diferencias en los trimestres que el año anterior, en lo global hemos empeorado […].Mucha de la violencia se ha dado al sur del estado. Es lo más golpeado. Excepto por el robo que, en cambio, se presenta en la zona conurbada”.
Al igual que con la administración de Javier Duarte, los asesinatos se han ensañado contra quienes denuncian. El 23 de agosto el periodista Cándido Ríos, corresponsal en el estado, fue asesinado pese a ser considerado dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Asimismo, el 19 de marzo Ricardo Monlui, columnista del Diario de Xalapa, fue asesinado en el municipio de Yanga mientras desayunaba en un restaurante, en el que también quedo herido de bala el director del diario El Político.
Hasta el 30 de agosto, la Procuraduría General de la República sólo mantenía registro de presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz.
El director del ONC abundó que es impreciso responsabilizar el aumento de los delitos a los grupos criminales, pues “son los delitos en el fuero común los que han estado creciendo”.
El ONC atribuyó el aumento de los delitos a la opacidad con que se manejan las autoridades, a la falta de inclusión de la ciudadanía y de cumplimiento del Gobierno estatal a los compromisos de la agenda “Por un Veracruz en Paz”.
Los 10 puntos de la citada agenda, explicó Gidi, el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares mantienen el 60 por ciento pendientes, 15 por ciento en proceso y 25 por ciento cumplidos.
Bolio expuso que entre los pendientes destaca la falta de Mesas de Seguridad y justicia, crear un fideicomiso operado exclusivamente por ciudadanos, la realización de una estrategia integral de prevención.
“El Fideicomiso tiene que ser aprobado por el Congreso, pero el apoyo del Gobernador es muy importante para que esto suceda. Pero ahorita no está en ningún lugar ese tema”, explicó.
Y abundo que “se necesita el tema de capacitación, selección y mejoría de la Policía estatal. Cómo van a integrarse las nuevas policías, o sea cosas más concretas con impactos más reales”.
CLIMA DE IMPUNIDAD
Sergio Cancino Barffuson, investigador de la Universidad Veracruzana y antes Diputado por Movimiento de Regeneración Nacional, sostuvo que la inseguridad que azota al estado es acompaña por la impunidad. “No hay un proceder efectivo por parte de la Fiscalía, y claro que eso da a suponer que hayan algunas implicaciones que no permiten tomar cartas en el asunto de manera más contundente”.
A su vez, Iván Gidi, director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), con sede en Veracruz, criticó que la falta de autonomía de la Fiscalía General, que ha sido ocupada por titulares cercanos al Ejecutivo, “cuando nació la dependencia en el 2015, el Gobernador nombró, en complicidad del Congreso, a un amigo suyo que fue Luis Ángel Bravo. Después Miguel Ángel Yunes hizo un arreglo para nombrar al abogado de su familia sin tener el perfil”.
El también abogado agregó que “el hecho de que el Fiscal General [Jorge Winckler] se comporte como un empleado del Gobernador en vez de titular de un organismo autónomo no abona a la resolución del problema de impunidad”.
Las críticas hacia Winckler también vienen de las organizaciones de las víctimas.
“El actual Fiscal [Jorge Winckler] no nos recibe y no se entera de cómo está la situación de los desaparecidos. No nos escucha y nos tiene una especie de fobia, parece que somos contagiosas”, denunció Lucía de los Ángeles.
El Colectivo Solecito expuso que Winckler ha justificado la falta de reuniones con el argumento de que no le gusta llevar a cabo aquellas que no sean para dar resultados.
“Da por sentado que no va haber resultados . Sabemos que con el ya no contamos ya, quedó muy claro. De hecho nos bloqueó de Twitter”, resaltó Lucía de los Ángeles.
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