XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador e envió al Congreso su propuesta para la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde destaca la “sugerencia” de aprobar a su secretario particular Pedro García Montañez, cuya única experiencia en la materia es haber sido director jurídico en Boca del Río, ente municipal donde gobierna el hijo del mandatario, Miguel Ángel Yunes Márquez.
Las otras tres propuestas de Yunes Linares son Alejandro Pérez, exdirector jurídico del municipio de Xalapa; Luisa Samaniego, jueza octavo de lo Familiar en Xalapa, y Estrella Iglesias Gutiérrez, jueza de control en Xalapa y quien ha llevado el caso de varios excolaboradores de Duarte de Ochoa y que hoy se encuentran en prisión.
Apenas al inicio de esta semana, la Contraloría General del Estado (CGE) y la Secretaría de Gobierno (Segob) comenzaron una campaña publicitaria al interior de la propia administración estatal, con la colocación de carteles en las dependencias públicas con el slogan:
“Censuramos el tráfico de influencias”, sin embargo, la propuesta de García Montañez, aún secretario particular del gobernador como próximo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, dista mucho de poner el ejemplo.
En el sexenio pasado, el priista Javier Duarte de Ochoa realizó las mismas acciones de incorporación de sus amigos al Poder Judicial del Estado (PJE), sobre todo de aquellos políticos que le rindieron favores en “torcer” las investigaciones de asesinatos de periodistas.
La extitular del Juzgado Cuarto Civil de Coatepec, Beatriz Rivera Hernández, fue ungida como magistrada como “premio” por haber avalado los desaseos en la investigación del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez (abril 2012), crimen que continúa impune y sólo se centró en el robo como único móvil.
Luego Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador general de Justicia, y el incipiente abogado Amadeo Flores Villalba fueron propuestos por Duarte como magistrados.
Lezama Moo por avalar la ruta que tomaron las investigaciones de asesinatos de algunos reporteros en Veracruz, los cuales fueron vinculados a ligas criminales y, en el caso de Flores Villalba, su mérito fue ser vástago del exprocurador Amadeo Flores Espinosa, conocido por entorpecer cientos de investigaciones por desaparición de personas, delitos en los que estaban ligados fuerzas policiacas locales, y también por dar “carpetazo” a las investigaciones por asesinatos de periodistas.
Mientras Villalba rendía protesta como magistrado, su padre Amadeo Flores era investido al pasar de los meses como líder estatal del PRI.
Duarte también sugirió retirar a Consuelo Lagunas Jiménez de la dirección de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), para mandarla a un cargo de bajo perfil, pero con el mismo salario dentro de la misma corporación.
Cuando entró el gobierno de Yunes, Lagunas fue designada como procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde también cobra un jugoso salario.
Por último, María Dolores Silva Ovando, cónyuge del magistrado Agustín Romero Montalvo, también adscrito al expediente de Regina Martínez, rindió protesta hace un par de años como consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (PJE).
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