PLANA MAYOR

· El OPLE, timorato

Gaudencio García Rivera

El árbitro electoral en Veracruz ha hecho y deshecho de la justa electoral a su modo con la complicidad aviesa de las cúpulas partidistas que se reparten el pastel presupuestal. Bajo un doble lenguaje, simulación y autocomplacencia a la violación electoral, el árbitro ha jugado un pésimo desempeño y ha sido un singular timorato.


¿Por qué timorato? Porque el notable elegido como presidente del Consejo General del pomposo Organismo Público Local Electoral (OPLE), antes Instituto Electoral Veracruzano, ha sido tolerante y complaciente con el coalicionista gobernador en turno, MAYL, con la sistemática violación a la norma del Código Electoral local.

Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno puede promocionar en período electoral la obra pública o publicitar actividades gubernamentales, excepto las que están catalogadas en el área de seguridad nacional —hechos novedosos sobre el crimen organizado—, huracanes, tsunamis o sismos trepidatorios.

O irrumpir el proceso electoral o cuestionar a las cúpulas partidistas, en aras de capitalizar el protagonismo político en beneficio de su partido político. El discurso o declaracionitis del Presidente de la Republica, del gobernador y del presidente municipal, le está vedado por norma de las leyes electorales. Las giras oficiales a los municipios en el caso del gobernador deben ser discretas y no publicitadas.

Pero en Veracruz todo es y ha sido posible, gracias a la pasividad, tolerancia y timoratez del gran genio al que se eligió como presidente del Consejo General del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, con vínculos estrechos al exgobernador interino y sujeto a proceso, Flavino Ríos Alvarado.

En el estado disfuncional en el que se encuentra la entidad, todo es permisible hasta que se pasen la ley electoral por el arco del triunfo. Si en Veracruz hay permiso para matar, por qué diantres no se permitiría que el gobernador pisotee y socave el proceso electoral en beneficio de su partido, el PAN.

Amerita, por supuesto, tarjeta roja para el árbitro electoral por permitir, cada vez, que se le pega en gana al titular del Poder Ejecutivo local intervenir en el escenario electoral, ya sea por los videos de la irreverente Eva Cadena, del “huevazo” a AMLO, del montaje de la foto que le armó la diputada federal Rocío Nahle García, etcétera.

¿Pero en qué mundo está el titular del Consejo General del OPLE? ¿Dónde queda la certeza, imparcialidad y probidad del órgano electoral que es pagado por los impuestos de los contribuyentes? Para empezar, por segunda vez, el OPLE y los representantes de los partidos políticos, actúan con doblez y simulación en las áreas estratégicas administrativas, donde los dineros públicos se manejan con opacidad.

No hay proceso electoral donde se busquen vacíos legales para desviar parte de los dineros públicos, que en teoría, deben transparentarse, pero al estilo del Duartegate, realizaron licitaciones a modo. Es el caso de una empresa de seguridad que será garante de los 212 consejos municipales que no cubrió los requisitos en tiempo y forma. Les valió un

bledo. La Legitimaron. Este y otras evidencias de corrupción son las perlas que caracterizan a los personeros del cuerpo colegiado.

El árbitro electoral pasó por alto que un universo de candidatos a las alcaldías, síndicos y regidores de los nueve partidos políticos contendientes vulneraron la ley electoral por ser sujetos a investigación en casos penales que están en proceso. No corresponde investigar y proceder, pues para eso está la fiscalía general, pero son coadyuvantes y con ello pudieron haber invalidado que llegase un alcalde o un edil con ficha roja, vinculado al crimen organizado u otros delitos del orden común.

Caras vemos y cárteles no sabemos. Por ello luego vienen los conflictos para despojarlos de la inmunidad política. La mejor muestra a flor de piel son los dossiers de una docena de exservidores públicos, marcados por el Duartegate, que a sabiendas de sus pecados y enriquecimiento explicable, obtuvieron el visto bueno de las altas esfera de Los Pinos y del PRI para convertirse en diputados federales y locales.

Todo una burla y aberración al Estado de derecho que es cuestionado por la sociedad civil y los ciudadanos de a pie. Los veracruzanos en general han despertado la irritación social porque las instituciones públicas se han colapsado en Veracruz, entre ellas el OPLE y Seguridad Pública. La clase política ha dejado de servir para servirse como bandera del lumpen y del poroso tejido social.

En este epílogo, no se pueden pedir peras al olmo. El árbitro electoral —a escasos días— de cara al 4 de junio, el supuesto probo, imparcial y equitativo, pues, ha demostrado ser, ante propios y extraños, un órgano colegiado timorato y

pelele a las cúpulas partidistas del PAN-PRD como antes lo fue con el PRI-PVEM.

La partidocracia no convence a los votantes y mucho menos un gobernador megalómano que no sabe respetar las normas electorales. El futuro de la sociedad civil es incierto y sombrío porque estamos en manos de una clase política cleptócrata, con un Presidente de la República apático y execrable.

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