Columna Fuera de Foco

Por Silvia Núñez Hernández

Veracruz, Ver.

09 de enero del 2018

Goyo Jiménez y familia, víctimas de la omisión y negligencia

Fue el 06 febrero del 2014 cuando Gregorio Jiménez de la Cruz fue privado de la libertad y seis días después, localizado muerto. A cuatro años de estos lamentables hechos, su viuda sigue siendo víctima de situaciones tan deplorables como el propio homicidio del periodista. La madrugada de este lunes, un par de criminales se dieron cita en el domicilio de Carmela Hernández Osorio en la calle Lerdo de la colonia Ejidal en el municipio de Villa Allende para destruir el automóvil de uno de sus hijos y además intentar quemar la casa con los inquilinos dentro.

Jorge Morales Vázquez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) dijo que la viuda de “Goyo” [como cariñosamente le decían los colegas y amigos] por protocolos mantiene escoltas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Indicó que los elementos no accionaron en contra de los malvivientes, porque en ese momento la señora Carmela se encontraba fuera de su domicilio y los escoltas la custodian sólo a ella. Es decir, ¿Pese a que toda la familia de Goyo se encuentra en constante peligro, sólo le concedieron la vigilancia para la viuda? Otro desavenencia del atentado de ayer en la madrugada es la nula y negligente actuación de parte de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos se negó a brindarles atención en la madrugada. http://www.ejecentral.com.mx/atacan-casa-periodista-goyo-jimenez-veracruz-viuda-denuncia-periodista-apatia-autoridad/

Un acto realmente interesante y sobre todo sorprendente, es que el gobierno del estado considere suficiente la escueta vigilancia otorgada a los familiares de periodistas en riesgo. Tal vez consideran que el mantener con vida a una familia en peligro es un gasto es excesivo e innecesario. Lo curioso es que no miden el valor de una familia con la misma vara que miden a la propia.

Se puede observar el gran número de “guaruras” que el ejecutivo estatal mantiene para su resguardo personal y otro tanto para sus hijos, nueras, nietos y esposa. ¿Acaso la vida de todos ellos tienen más valía a la de la esposa o esposo, hijos y nietos de un periodista asesinado? Otro tanto es para sus colaboradores quienes utilizan un gran número de elementos de seguridad para su protección personal y familiar. Todo pagado con dinero de los veracruzanos.

El atentado al que fueron víctimas los familiares de Goyo, nos hace reflexionar también sobre la nula capacidad de los escoltas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública que están a cargo de la vida de una persona en riesgo. Su acción y reacción deja mucha evidencia de que no toman en serio su encargo, haciendo sentir que traerlos o no, es realmente lo mismo. Los maleantes -de no ser por los vecinos de la familia de “Goyo” que reaccionaron y hasta hicieron el trabajo de los policías en custodia- pudieron acceder a la propiedad sin problema alguno, pudieron casi destruir el automóvil del muchacho –que con esfuerzo compró- y además amenazar con incendiar la casa y gritarles que les daban “chance” de correr.

Esperemos que la CEAPP reaccione y accione para garantizar la integridad física de la familia de Goyo. También esperamos que esta situación les sirva de ejemplo para exigir que la Fiscalía General del Estado presione a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que proporcione más escoltas capacitados y con verdadero adiestramiento en armas no tan sólo para la familia de “Goyo”, sino para los seres queridos de Noé López Olguín, de Milo Vela, de Yolanda Ordaz de la Cruz, de Regina Martínez Pérez, de Esteban Rodríguez, de Guillermo Luna, de Gabriel Huge, de Víctor Manuel Báez, de Moisés Sánchez Cerezo –a quienes por cierto les redujeron la vigilancia-, de Armando

Saldaña, de Juan Mendoza, de Anabel Flores, de Manuel Torres, de Ricardo Mouli, de Cándido Ríos Vázquez y de Gumaro Pérez Aguilando.

Infortunada la actuación de los inquilinos de palacio de gobierno que contrario a ello, que desde las administraciones de Fidel, Javier y ahora con Yunes Linares, se han dedicado ha pisotear y desacreditar el trabajo de los periodistas caídos y hasta vincularlos con el crimen organizado y de narcotráfico. Con ello, evaden la obligación de brindarle protección a la familia y también, que Jorge Winckler Ortiz –titular del Fiscalía General del Estado de Veracruz- no haga el mínimo esfuerzo en las investigaciones de los asesinatos de los comunicadores. Se evita con ello, “gastar” dinero en líneas de investigación para esclarecer el asesinato de un periodista. Yunes Linares injertó a Jorge Winckler como fiscal no por su sapiencia jurídica, sino porque es el único que se presta a todas las “chicanadas” y ocurrencias del Dios supremo. Porque Winckler por dinero es capaz de bailar como una "mascotita" ladradora.

Imperdonablemente, para Yunes Linares la prensa local veracruzana es una figura sin el mínimo valor. Por ello, es usual que se ensaña con los muertos y les pisoteé su memoria al grado de convertirlos en unos verdaderos “capos” de las drogas. Con los vivos, los humilla constantemente cuando esta le realiza un cuestionamiento incómodo, afirmando que la crítica proviene de una prensa “dolida” por la falta de convenios, cuando la mayoría de ellos, jamás han tenido uno con el gobierno del estado y dicha crítica, proviene de una insostenible situación de su mandato.

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