Aseguran que el PRI perderá en Camarón de Tejeda. A cinco días de realizarse la elección municipal extraordinaria, el Consejo Municipal presentó denuncia por presunto daño patrimonial por cuatro millones de pesos. La denuncia va en contra del exalcalde, Eduardo Armas Balbuena, y los extesoreros Jaime Molina Rodríguez y Luis Leonardo Castillo García, el primero de ellos es padre de la candidata del PRI a la presidencia municipal, Alondra Kate Molina Palacios.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos también fueron señalados el exsíndico Graciano Ameca Gamboa, el excontralor Rafael Reyes Ortigoza y el exdirector de Obras Públicas, Rogelio Luna Ortiz.
Además del ya mencionado presunto daño patrimonial, también existen requerimientos de pago por parte del Sistema de Administración Tributaria y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, que asciende a un millón 400 mil pesos.
Por el SAT, el requerimiento es de un millón 200 mil pesos de Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los años 2014 a 2017 en tanto que el requerimiento de CAEV es de 178 mil pesos por no haber cubierto el pago correspondiente al servicio de agua en diversos inmuebles municipales.
El 28 de febrero, Alondra Kate Molina Palacios afirmó que en Camarón de Tejeda la Coalición PRI-PVEM recuperarán el triunfo que se les robó en 2017. En su discurso dijo que en Camarón atropellaron los derechos de los ciudadanos y anularon su libertad de elección al poner un Concejo Municipal a modo y conveniencia de la candidata del PAN, Susana Guadalupe Ameca Parissi, con la idea de manejar los recursos del municipio para beneficio electoral de su postulada.
También dijo: “Creo en el respeto y valores que nos rigen como sociedad, creo en la honradez, la honestidad y la lealtad, creo en la gente buena, en la democracia, en la gente trabajadora, porque así me enseñaron mis padres”.
Así las cosas en Camarón de Tejeda.
Reunión para la transparencia
Los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana se reunieron con representantes de las Instituciones que integrarán el Comité Coordinador: la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Poder Judicial del Estado.
Durante la reunión se intercambiaron puntos de vista y proyectos acerca de los trabajos que se realizarán una vez que entre en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción. Como se sabe, dicho Sistema tiene como finalidad que tanto ciudadanía como instituciones públicas emprendan acciones que favorezcan la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y se eviten de esa forma actos que se encuentren fuera de la ley.
En el marco de la reunión, los titulares del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, y de la Contraloría General del Estado, Ramón Figuerola Piñera, firmaron un Acuerdo de Coordinación que tiene como objetivo establecer las acciones y mecanismos de colaboración para promover el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas al avance y consolidación del Sistema Estatal de Fiscalización.
En la reunión estuvieron por parte de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana Juan José Sierra Álvarez, Carlos Rafael Fernández Cabrera, Víctor Manuel Andrade Guevara, David Quintano Díaz, Ruy Rodríguez Gabarrón Hernández, Clara Haydee Cruz Balbuena y Carlos Arturo Luna Gómez; por parte de lo que será el Comité Coordinador, el auditor general del ORFIS; el contralor general del estado; el magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), Pedro José María Cruz Montañez; la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez; y el magistrado del Poder Judicial del estado, Andrés Cruz Ibarra.
Avala la SCJN inspección a personas y vehículos
Este martes, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaron una acción que ya realizan los cuerpos de seguridad; a partir de este 13 de marzo existe constitucionalidad en los artículos 251 fracciones III y V, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esos artículos tienen que ver con la inspección de personas y vehículos por parte de las fuerzas del orden.
El artículo 251 en sus fracciones III y V establece que no requieren autorización del juez de control la inspección de personas y la inspección de vehículos.
El artículo 266 tiene relación con los actos de investigación y las disposiciones generales sobre actos de molestia y establece que todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación.
En lo que se refiere a la inspección de personas, el artículo 268 establece que en la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad.
e-mail: desdelaesquina@hotmal.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR DEJAR TU COMENTARIO.