INFORME ROJO

Charleston: 11 años lo solapó la Procuraduría

* Acusaciones de extorsión, ignoradas  * Registro de Profesiones aún espera la denuncia por título falso  * Se “graduó” en la UPAV… en Chiapas  * La muerte de Pancho Colorado  * Respiro para Fidel  * La traición de Joaquín  * Y los votos para Tronco  * Desaparición forzada, política institucional de JDO  * Winckler en France 24  * Otro priista que se va

MUSSIO CARDENAS ARELLANO

Publicada en mussiocardenas.com

15 de marzo de 2018


Sin la santa palabra en sus labios, ni los salmos que gusta entonar, Juan Carlos Charleston tuvo en la Procuraduría de Veracruz una red corrupta que lo libró de quejas y denuncias, acusaciones de extorsión e investigaciones internas en agravio del que demandaba justicia, el desvalido al que debía representar.

Ahí, fuera de los templos, su otro hábitat, con o sin los Caballeros de Colón, el abogado-fraude hizo del pleito entre dos y la conciliación de los rijosos, o la integración ministerial o la consignación ante un juez, un auténtico filón de oro.

Por 24 años Juan Carlos Charleston Salinas se ostentó como abogado, sin título, o con un título falso; sin cédula profesional real, o con una cédula cuya titular es una contadora pública; sin ética, porque esa no se aprende, se trae.

Once de esos 24 años siendo agente del Ministerio Público del Fuero Común, consignando inocentes o culpables, trabado en la simulación del que pregona procurar justicia y a trasmano usurpa una profesión. (Ver https://mussiocardenas.com/informe-rojo/115231/charleston-fue-agente-del-mp-y-no-era-abogado).

Acusado de lo indecible, la “mochada”, la extorsión, el regateo para reducirle la cuota al agraviado, nunca nadie lo tocó.

Así pasaron por la Procuraduría de Veracruz un jurista como Pericles Namorado, políticos como Salvador Mikel y Felipe Amadeo Flores Espinoza, catedráticos como Reynaldo Escobar o magistrados como Emeterio López Márquez, y todos suscribían sus nombramientos, sin advertir que el abogado-fraude debía tres materias en la Universidad Veracruzana y su título era apócrifo.

Un día llegó Salvador Mikel Rivera a Las Choapas, municipio de tamaño monumental, el último de Veracruz, cuyos campos colindan con tres estados —Chiapas, Tabasco y Oaxaca— y por donde el trasiego de droga y el tráfico de migrantes es negocio de mafias y de los que desde el poder son parte de la complicidad.

Aquel 20 de febrero de 2010 hubo audiencia pública… en privado.

No se aplicó perifoneo. No se convocó a la población. No se disimuló la intención de ocultarle al procurador Mikel lo que ocurría en la agencia del MP y en la Policía Ministerial.

Pero la gente habló. Y vertió sus quejas, su enfado, revelando que el agraviado primero era víctima de la delincuencia y luego de la autoridad, la exigencia de “mochadas”, la “mordida”, la extorsión.

Uno de ellos, Mario López Deceano, propietario del taxi número 15, contó su experiencia. Su chofer fue asaltado, robado el automóvil y hallado después por la Policía Ministerial, la que la puso a disposición de la agencia del MP.

Al presentarse a recoger su unidad, el segundo comandante y “un licenciado de apellido Charleston” le solicitaron 20 mil pesos.

Reseñado por el periodista Hernán Villarreal, en el periódico Presencia Sureste, el episodio retrata el paso del abogado-fraude por el MP de Las Choapas.

Dijo López Deceano:

“Es un abuso, una corrupción tremenda. Cómo me van a pedir 20 mil pesos para liberar mi auto y no llevarlo al corralón, si el agraviado fui yo”.

Luego vino el regateo. Le bajaron la tarifa a 15 mil, después a 10 mil y finalmente tuvo que pagar 4 mil pesos por liberar su auto.

Salvador Mikel instruyó al entonces subprocurador en la zona sur, Jorge Yunis Manzanares, a remitir la queja, levantar un acta y turnarla para investigación.

Otros taxistas expusieron casos similares, “pues cada vez que roban un vehículo del transporte público y lo ponen a disposición del Ministerio Público, tienen que pagar forzosamente una cantidad considerable para que lo liberen, lo cual consideran injusto”.

Y nada pasó.

Del expediente negro de Juan Carlos Charleston hay un apartado, el que toca los intentos de ubicarlo, la solicitud de la Subdirección de Colegios de Profesionistas, dependiente de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública federal, instando a la entonces coordinadora de Profesiones de a SEV, Acela Medina Servín, a aportar la cédula falsa, la número 2327071, que ostentaba el abogado-fraude y que pertenece a la contadora pública María del Rosario Toledo Toledo.

Un año antes de renunciar al cargo de agente del MP, en 2013 se abrió un expediente, el I.M. FESP/265/2013/VII por delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos. Aún era procurador Amadeo Flores Espinoza.

Y la pudo librar.

Juan Carlos Charleston Salinas percibía al momento de causar baja voluntaria un salario mensual de 6 mil 450.32 pesos, pero su nivel de vida era el de un exitoso profesionista. Su plaza, la que le asignó en 2003 el entonces procurador Pericles Enamorado Urrutia, fue de nueva creación, provocando el asombro y el celo de otros abogados, quienes atribuían su promoción a su parentesco con el hoy magistrado Fernando Charleston Salinas, su tío pese a los mismos apellidos, quien siempre lo vio como un hijo al que le procuró todo. Y que sintió cómo le mordía la mano.

Acosado por Luis Ángel Bravo Contreras, quien asumió la Procuraduría el 25 de febrero de 2014, logró evadir la embestida.

El 15 de octubre de 2014, el fiscal especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos, Luis Manuel Lara Hernández, instó a la subdirectora de Recursos Humanos, Jade Elizabeth Reyes Domínguez, a ubicar el lugar en que se encontraran Juan Carlos Charleston Salinas y el secretario Flavio Alor Facundo, “a efecto de estar en condiciones de citarlos y declaren en relación a los hechos que se les imputan”, el período en que se desempeñaron en las agencias primera, segunda y tercera en Coatzacoalcos, si aún pertenecían a la Procuraduría y “proporcionarnos el último domicilio registrado en sus expedientes”.

En por lo menos tres oficios, Jade Elizabeth Reyes respondió que Charleston había causado baja y en uno de ellos aportó el domicilio.

Y siguió impune.

Sus denuncias fueron archivadas y las víctimas, dejadas en la indefensión.

Por esos días ya ostentaba otro título, el que le otorgó la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en los tiempos del reinado del profesor, ex líder del PRI y ex director de Educación, Guillermo Zúñiga Martínez.

Con una treta, como siempre, acreditó las tres materias reprobadas que le habían dado categoría de alumno irregular. Logró la firma de sus boletas y así quiso tramitar su título. Sólo que por reglamento, por el tiempo transcurrido desde que “egresó”, debía cursar un par de semestres.

Optó por realizar el trámite en la UPAV, donde no cursó ni una materia. Le sugirieron titularse en el plantel de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y así lo logró, sin que nadie, ningún alumno, ningún catedrático, ningún trabajador administrativo lo hubiera visto en clase, sin que se sepa qué sinodales aprobaron su examen profesional.

A partir de ahí tramitó la cédula profesional ante la SEP. Su número es la 08792287, expedida en 2014 por la “Universidad Popular Autónoma de Veracruz, antes Instituto Veracruzano de Educación Superior”, según dice el reporte de la Dirección General de Profesiones.

Pronto, el título falso y los documentos de la investigación inconclusa de la Procuraduría duartista, la que lo tuvo en sus manos y lo dejó ir, correrán por las redes.

Siendo un abogado apócrifo, cuanto Juan Carlos Charleston hizo en el MP carece de validez por ser nulo de origen. Sean las consignaciones ante jueces, sean las carpetas de investigación, sean las conciliaciones realizadas, todo se puede revertir. Y hasta los sentenciados salir de prisión.

Sin la santa palabra o el canto de los salmos, la bendición del Dios que siempre invoca y la Virgen que protege, tuvo a su lado una pléyade de demonios que lo salvó de ir a prisión.

Y hoy despacha en el Poder Judicial.


Archivo muerto


Era la máscara de Fidel y en un sueño murió. Confinado en una celda, en Bastrop, Texas, en Estados Unidos, Francisco Antonio Colorado Cessa, alias Pancho Colorado, ya no despertó. Técnicamente sufrió un infarto mientras dormía, la madrugada del lunes 12, sin lograr revertir la condena a 20 años por lavar dinero para el grupo delincuencial de Los Zetas. Implicado en una investigación de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, un día acudió a decir que era inocente, que lo habían obligado a adquirir caballos de carrera, a triangular recursos provenientes de las actividades de Los Zetas, y ya no lo dejaron salir. Meses después escucharía la sentencia a 20 años de prisión, tres en libertad condicional y una multa de 60 millones de dólares, que luego apeló y le fue confirmada, que provocó el encarcelamiento de su hijo y su contador por intento de soborno de 1.2 millones de dólares a un juez federal. Tras desistirse de la apelación, logró la liberación de ambos. Pero él se quedó. Vía ADT Petroservicios, su empresa, logró mil 466 millones de pesos en contratos otorgados por Pemex, los que le dio Fidel Herrera en su gobierno y una fracción de la reserva territorial de Coatzacoalcos, cotizado el precio por metro cuadrado a precio de ganga. Ya en cárcel, Fidel Herrera y su entenado político, Javier Duarte, ya convertido en gobernador de Veracruz, maniobraron para que la tierra volviera al gobierno y fuera entregada a Obras Portuarias de Coatzacoalcos (OPC). O sea, desde prisión, Pancho Colorado devolvió las 7 hectáreas que Fidel Herrera le obsequió, o le prestó, de las que fue prestanombre. Su fortuna en Estados Unidos se calcula en 30 millones de dólares, toda incautada. Un testimonio de un contador del Cártel del Golfo, lo implicó como el personaje con el que el narco financió la campaña fidelista en 2004. Su mano aparece en campaña. Su mano siguió en el gobierno de Fidel. Según documentos recabados por Aristegui Noticias, en el sexenio fidelista Los Zetas lo usaron como intermediario para pagar por operar libremente el trasiego de droga en el corredor veracruzano. Se documentó el vínculo Zetas-Colorado-Fidel a partir de declaraciones de testigos y la declaración de agentes de la DEA en los juicios contra cabezas del grupo delincuencial en Estados Unidos. Pancho Colorado era socorrido por políticos que presumían su amistad. Y a los políticos acudió en su desgracia pero nadie lo auxilió. Aquí, en INFORME ROJO, se ventiló aquella llamada a su hijo Francisco desde la cárcel de Bastrop en que indicaba acudir con los senadores Héctor y José Francisco Yunes, llevarles “hieleras”, dinero a Héctor y que les ayudaran a obtener los contratos con Pemex que tanto le urgía tener. Luchando por evadir la sentencia a 20 años, sufrió un primer infarto en junio de 2017, según reveló su esposa María Emma Salman. Oficialmente, la madrugada del lunes 12 presentó uno más, esta vez letal. Su muerte no sofoca la tormenta sobre los Fideles y los Duartes, sus amigos, sus cómplices, quienes lo usaron, quienes le dieron, quienes lo ayudaron a enriquecerse aún más. Fue Pancho Colorado un intermediario, un vínculo, un hilo conductor, en la narcopolítica que destroza a Veracruz, consigna el juicio en la Corte de Austin, Texas, contra Los Zetas… Una estampa de la diáspora priista, el catálogo fotográfico que sirve para llamarle “traidor” a Joaquín Caballero Rosiñol. Un auto con la leyenda “Tronco”, aparcado a un costado de una de las residencias del ex alcalde de Coatzacoalcos, viraliza las redes sociales. Y en ellas el reclamo de los priistas, o mejor dicho de los antijoaquinistas que perciben ya el vínculo hacia el PAN, hacia el proyecto yunista, hacia el cuasi candidato de Al Frente por Veracruz a diputado federal por el distrito de Coatzacoalcos, Renato Tronco Gómez. A cambio de impunidad, le imputan los usuarios en la redes la traición. De tiempo atrás se sabía que Joaquín Caballero pactaba con el yunismo azul y con Morena por igual, que será parte del gobierno estatal y que su sucesor, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, del pejepartido, no lo tocará. A Yunes le representa votos, estructura, operación en colonias, pactos con grupos de interés y, sobre todo, control de los órganos electorales y congelarle las preferencias a Morena. Y si hay que inyectarle helio al globo de Renato Tronco hasta verlo flotar y elevarse, lo hará. Ser traidor en política no es defecto, es virtud. Lo que cuenta son los resultados… Jorge Winckler lo plantea como es: la desaparición forzada en tiempos duartistas fue “política institucional”. Se lo dice a France 24, la televisora que aborda y dimensiona el tema de los 31 mandos y tropa de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, incluido Bermúdez “N”, Nava “N”, Tirado “N”, Meza “N”, que ordenaban, consentían, encubrían y hacían “el paro” al levantar “halcones” de Los Zetas, torturarlos y asesinarlos en la Academia de Policía El Lencero y desaparecer sus cuerpos en sus inmediaciones, en la Laguna Negra, en la Alberca Olímpica, como le denominaban. “Hubo desapariciones forzadas de manera sistemática como política institucional”, señala el fiscal general de Veracruz. Y sí, fue una política de Estado, no un hecho circunstancial, ordenado desde el alto mando, con conocimiento de Javier Duarte. A la televisora francesa le dice el fiscal Winckler que el caso es extremadamente relevante por la cantidad de evidencia hallada, porque permite acreditar que hubo desaparición forzada y que no sólo participaron los grupos de élite de la SSP sino sus mandos superiores, 19 de ellos en prisión y con orden de aprehensión otros más. Las desapariciones forzadas de Bermúdez y Duarte fueron el eje de una política criminal, su política institucional. La desaparición, una política de estado… ¿Quién es ese priista que en breve, muy breve tiempo, dejará las filas del partido que lo vio nacer, crecer y tener poder? Una pista: fue regidor, funcionario federal y municipal, líder del PRI local, cercano a Marcelo Montiel y a los enemigos de Marcelo, y fanático de las Chivas? Fácil, muy fácil…


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