Ciberseguridad: ¿En qué debe poner atención el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

POR CANDY RODRÍGUEZ
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se implementó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en este programa se propuso la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad  (ENCS) que tiene como objetivo mejorar las capacidades nacionales de seguridad cibernética en el país. Para lograr esto se realizaron mesas de trabajo en donde se incorporó a diferentes actores como lo son la sociedad civil y derechos humanos; la comunidad técnica y académica; el gobierno; el sector financiero y la industria privada.

Con ayuda técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se realizaron durante los meses de abril a julio de 2017 mesas de trabajo donde se dieron una serie de recomendaciones por parte de estos múltiples actores para crear una estrategia que incluyera  principios rectores basados en una perspectiva de derechos humanos, un enfoque de riesgos y la colaboración de múltiples actores en todas las fases.



Durante y posterior a estas mesas de trabajo la OEA dió recomendaciones específicas al gobierno en materia de derechos humanos, desarrollo e investigación académica, marco jurídico, terminologías y un modelo de gobernanza para que en la propuesta final se reflejará  una inclusión y preservación de los derechos humanos.

Se recomendó que la  contribución a la estrategia se amplíe a un enfoque de toda la sociedad y no en un grupo pequeño, asimismo se recalcó la importancia de  incorporar otras disciplinas como las humanidades y la ingeniería tradicional.

Para la construcción de la ENCS era importante incorporar una responsabilidad compartida por parte del gobierno y la población; generar campañas de sensibilización para públicos específicos, -incluidos los grupos marginados-, hablar de las amenazas que pueden existir en internet pero también de las oportunidades que este espacio representa.

Se planteó la incorporación de la niñez temas de protección de datos y privacidad a través de los planes de estudio.  La privacidad y la protección de datos deben formar parte de la currícula nacional básica; asimismo plantearon que la reforma educativa era una buena oportunidad para este cambio.

La mesa de sociedad civil recomendó la  posibilidad de ratificar el Convenio sobre Ciberdelincuencia o mejor conocido como Convenio Budapest que tiene como objetivo establecer herramientas legales para perseguir penalmente aquellos delitos cometidos ya sea en contra de sistemas o medios informáticos, o mediante el uso de los mismos  debido a que el delito cibernético no es un problema exclusivo del país sino que se está dando a nivel mundial. Sin embargo, en México existe evidencia sólida de que es el mismo Estado el que ha usado las tecnologías de la información y las comunicaciones para violar los derechos humanos de sus ciudadanos. La incorporación de herramientas penales  puede resultar contraproducente en un país con altos niveles de corrupción e  impunidad porque pueden usados para la vigilacia sistemática “legal” por parte del Estado.

En materia de violencia de género en línea México tiene un gran trabajo qué hacer. Según el informe La violencia en línea contra las mujeres en México al menos 9 millones de mujeres han sufrido alguna forma de ciberacoso y no existe una estadística oficial que le de seguimiento a este tipo de agresiones.

Es importante recalcar que a las mujeres se les agrede de formas diferentes, a los hombres no se les sextorsiona, o se les amenaza con difundir imágenes íntimas sin su consentimiento, las campañas de desprestigio orquestadas en redes sociales contra mujeres -casi siempre- tienen connotaciones sexuales.

Además de eso la vigilancia por parte del Estado a comunicadoras, periodistas y defensoras tuvieron componente de género.  Ejemplo de esto fue la agresión a la periodista Carmen Aristegui; el software pegasus también infectó el dispositivo de su hijo, Emilio Aristegui, tuvieron acceso a la cámara del celular, microfono,  mensajes de texto y lista de contactos del hijo de la comunicadora.

Para la creación de la ENCS el gobierno tiene un trabajo muy importante al incorporar  a las mujeres y niñas en temas de derechos humanos. Es importante que se les informe sobre sus derechos humanos en línea y offline para que puedan aprenderlos y hacerlos valer, solo de esta manera las mujeres tendrán más oportunidades en  mejorar su pleno desarrollo, su derecho a la información, a la educación y tener una vida digna.

No obstante a todas estas recomendaciones y casos que surgieron durante la administración de Enrique Peña Nieto la ENCS se construyó bajo un enfoque empresarial, económico y gubernamental.  En el cuerpo del texto de la propuesta de la estrategia no mencionaron de qué forma se trabajaría la perspectiva de derechos humanos de la que hablan, ni cómo sería el diálogo con la sociedad civil. Lo que sí recalcan es cómo promoverán buenas prácticas en el uso de TICs por parte de la población y cómo combatirán los ataques cibernéticos a empresas y organismos gubernamentales, este enfoque puede traer como consecuencia un  incremento a la vigilancia y pérdida de derechos fundamentales como son la privacidad, libre expresión y participación política.

Estos planteamientos demostraron que minimizaron los ataques a individuos/ sociedad civil, ya que dejaron de lado la violencia contra las mujeres, el acoso contra comunicadores, periodistas y activistas en derechos humanos pero sí priorizan el “cuidado”  en los ataques económicos, gubernamentales y empresariales.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de continuar con la propuesta de la Estrategia pero con un enfoque que integre a toda la  población  civil y no solo a los pequeños grupos élite. También tiene el reto de esclarecer y nombrar a los responsables que han ejercido vigilancia contra todos estos sectores de la población.

Nosotros nos cuestionamos: ¿Para la cuarta transformación será prioridad preservar los derechos humanos de la población en materia de seguridad digital?