Gaudencio García Rivera
Los atentados en un día en contra del mensajero en distintos puntos del país, el puente entre la sociedad civil y el poder público, deja al descubierto la porosidad del estado de derecho que se vive en la mayor parte de la geografía del país.
Dos atentados en un sólo día –un lunes negro de mayo, paradójicamente en el Día del Maestro-, Culiacán y Jalisco, no es coincidencia es el reflejo de la ineficiencia, impunidad, corrupción y complicidades aviesas de las altas esferas del poder público federal y estatal con el crimen organizado.
No es suficiente el discurso oficial presidencial ni de los gobernadores –una retórica viciada en su origen que conduce al extremo de la demagogia sombría-, porque el número de asesinatos contra periodistas crece como una espiral, ante el tortuguismo y falta de credibilidad de las fiscalías y de la PGR.
Existe una actuación devastadora de las altas esferas de los poderes público federal, local y fáctico que representa el crimen organizado en contra del papel crítico de la prensa independiente –la totémica sigue siendo súbdita a los intereses de una clase política enfermiza por la corrupción y la avaricia -, para silenciar al mensajero.
En toda democracia la prensa –los Mass Media- es el reflejo del poder público, para bien o para mal-verbigracia la mitomanía y ocurrencias recurrentes del presidente Donald Trump en EU; el fundamentalismo de Nicolás Maduro en Venezuela o el mesianismo del gobernador de Veracruz, MAYL-, pero al exterminar al mensajero se socava el fortalecimiento de la democracia.
Los deplorables crímenes de los colegas Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y fundador del semanario RíoDoce, en Culiacán, y de la subdirectora del semanario El Costeño de Jalisco, Susana Córdova, quien resultó herida por una ráfaga de balas cuando viajaba en su vehículo, donde pereció su hijo Jonathan Rodríguez que le acompañaba, no son hechos aislados desafortunadamente sino el resultado del grave deterioro del estado de derecho y corrupción de las instituciones públicas.
En Veracruz como en el resto de las entidades del país, donde la prensa se ha visto vulnerada por el crimen organizado, la narcopolicía y el narcopoder público –en la bitácora hay tres atentados a periodistas que no han sido esclarecidos, Ricardo Monlui Cabrera, Armando Arrieta Granados e Israel Hernández-, es urgente que la PGR y las fiscalías combatan las inercias, el doble lenguaje y la simulación para actuar con prontitud como lo marca la norma del derecho y organismos internacionales.
Sin pecar en extremismos palaciegos o posturas jacobinas los mensajeros exigimos en Veracruz, Culiacán, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, una investigación rigurosa, imparcial y a fondo para castigar a los autores materiales e intelectuales que cegaron de la vida a los colegas.
El reclamo generalizado. Hechos presidente EPN, no discursos huecos. No es posible que de los atentados y agresiones a la prensa en el sexenio peñista -más de una treintena de crímenes contra periodistas- sólo haya sentencias en tres casos que se han registrado en el país.
Hay poca fe del gremio periodístico para abonar el pronto esclarecimiento de los asesinatos de los comunicadores en el actual régimen federal de EPN, tras la reunión del miércoles 17 en Los Pinos con los gobernadores, el titular de la PGR y el nuevo representante de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, nombrado el 10 de mayo por decisión presidencial, un peón del subsecretario de Derechos
Humanos, Roberto Campa, de acuerdo con reportes del columnista de El Universal, Roberto Rock Lechón.
La mezquindad en Veracruz
Pero si a nivel nacional hay un desdén, menosprecio y doble discurso de las altas esferas del poder público federal por atender con prontitud y eficiencia los recientes casos de ejecuciones de los comunicadores, en Veracruz la mezquindad de la fiscalía no solo es evidente para esclarecer los tres casos que se han registrado en el bienio yunista sino que está data de los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Cada vez que matan a un periodista en Veracruz se crea un clima kafkiano y un sospechosismo burdo de las autoridades ministeriales con la complacencia, por supuesto, del primer círculo gubernamental, porque por malabarismo, tramitología y distorsión oficiosa, acaba en el fango de la impunidad, de la ineficiencia y de la corrupción. Es el caso de Ricardo Monlui Cabrera, editor del portal Político y columnista del Sol de Córdoba, ejecutado el pasado19 de marzo.
Con la llegada del gobierno coalicionista de Miguel Ángel Yunes Linares, se han registrado tres atentados a periodistas. El primero, el de Ricardo Monlui, no se esclarecido. No hay detenidos; el segundo, Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica, el 29 de marzo. Afortunadamente salvó la vida y se encuentra en recuperación de su salud. No hay detenidos.
Y el tercero, de Israel Hernández, reportero de Imagen de Veracruz y corresponsal de Aristegui Noticias, el 24 de marzo, herido de un balazo en el zipizape faccioso del sindicato de Tamsa, donde hubo dos muertos y varios heridos. Apenas esta semana la fiscalía general detuvo a uno de los líderes, el célebre y sempiterno Pascual Lagunes, militante del PRI, por los hechos sangrientos.
Pero de la veintena de crímenes de reporteros y fotorreporteros ocurridos en los sexenios de Fidel Herrera y
Javier Duarte, el destino es incierto y sombrío. No se sabe aún cuántos casos atrajo la Feadle de Ricardo Sánchez y cuántos le corresponden a la fiscalía general del estado del irascible Jorge Winckler Ortiz, brazo ejecutor del gobernador MAYL.
Esta semana se entrevistaron en la Ciudad de México los directivos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas con el titular de la Feadle, para conocer los nuevos mecanismos para la prevención y esclarecimiento de la muerte de los comunicadores que han sido víctimas de las balas del crimen organizado.
Pero sobre todo, la CEAPP que sigue siendo socavada por los misiles de la ambivalente diputada local-periodista María Josefina Gamboa en la LXIV Legislatura local, intentará esclarecer cómo cubrir el vacío legal con los periodistas desaparecidos –no hay rastros de ellos-, pero que oficialmente no se ha decretado su muerte, para poder ayudar a sus familiares.
En esta retrospectiva queda confirmado que el bienio yunista le merece a su juicio la mejor de la mezquindad el capítulo de los atentados y agresiones a la prensa como lo fue la fallida reunión de 3 de mayo con los directivos de la Comisión de Protección de Periodistas -CPJ, por sus siglas en inglés-que intentó concertar semanas antes sin éxito alguno.
La simulación, dobles y retórica palaciega del minigobierno del ”Cambio” en Veracruz no tiene nada que envidiarle a los regímenes priistas oprobiosos, a los que tanto condena en su revanchismo palaciego. ¡Vaya cambio! Comentarios a gau41@hotmail.com
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