La Fiscalía General del Estado de Veracruz investiga al ex fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras y al ex contralor de la entidad, Ricardo García Guzmán por delitos contra la administración de justicia durante sus periodos al frente de sus cargos durante el gobierno de Javier Duarte.
Y es que de acuerdo con el periódico Reforma, a los ex funcionarios se les atribuye haber archivado en unos minutos y sin indagar un total de 13 averiguaciones previas por presuntos desvíos de recursos registrados durante esa Administración del ex mandatario detenido en Guatemala.
Detallan que la investigación deriva de una denuncia de hechos presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Ministerio Público Estatal, en contra de quienes resulten responsables.
Agrega la publicación que la investigación de omisión en la investigación se da luego de la declaratoria de incompetencia dictada por la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, a principios de 2015, para integrar 13 averiguaciones previas iniciadas por denuncia de la ASF por el presunto peculado de cientos de millones de pesos en el gobierno de Veracruz.
Y la supuesta conducta delictiva de los funcionarios del gobierno pasado se dio cuando la Fiscalía de Veracruz recibió las indagatorias federales y aparentemente giró un oficio a la Contraloría del Estado para solicitar informes sobre los recursos cuestionados.
Se trataba de una acusación de la ASF por desvíos por cientos de millones de pesos pertenecientes a fondos del sector salud e infraestructura previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Señala el diario Reforma que tras la solicitud de datos por parte de la Fiscalía encabezada en ese entonces por Luis Ángel Bravo fue en cuestión de 16 minutos que la Contraloría tardó en responder a la Fiscalía que los recursos señalados por la ASF habían sido debidamente y por lo tanto no habían sido desviados.
Tras recibir el informe la Fiscalía de Veracruz en el periodo de Javier Duarte determinó en cerca de una hora el no ejercicio de acción penal de las 13 averiguaciones, por lo que fueron archivadas por supuesta falta de elementos pero sin realizar ninguna diligencia e investigación de la denuncia que había interpuesto la Auditoría Superior de la Federación por el desvió de recursos en fondos del sector salud e infraestructura previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
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