La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz, según la imputación.
“Los números no cuadran, eso está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, tras una audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media.
Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales de exponer datos “incongruentes”, e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.
Aunque la audiencia era inicial y en el papel solo se presentaría la imputación, pues el debate de fondo se realizaría en la audiencia de vinculación (programada para el próximo sábado), los abogados de Duarte y el mismo exgobernador en su propia voz hicieron más de 20 preguntas (técnicamente solicitudes de aclaración) a la Procuraduría, respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una defensa adecuada.
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