Por Rafael Arias Hernández.
39 días y adiós. Junto a un cuestionado “año fiscal”, sigue su curso el famoso “año
de Hidalgo”. Además, aumentan notoriamente, tanto exigencias de una auténtica
rendición de cuentas, como múltiples señalamientos y hasta denuncias por el
ineficiente y hasta delictivo desempeño gubernamental.
En Veracruz, turno de las Contralorías, del Órgano de Simulación Superior ORFIS
y del sistema estatal anticorrupción no nato, abortado y rechazado. Y también en
el país, turno de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación y el
sistema nacional zombi anticorrupción, cuyos resultados, también son mediocres o
nulos. Eso sí, todos bien pagados y con cargo al presupuesto.
Fiscalización gubernamental, en general, caracterizada e integrada en sus
diversos ámbitos, por sistemas incompletos, inconsistentes, contradictorios,
limitados, omisos y descoordinados.
Cuenta de nunca acabar. Se sabe con frecuencia, de miles de millones de pesos,
oportunamente presupuestados y, supuestamente, justificadamente fiscalizados.
Miles de millones de pesos, en realidad, desaparecidos, saqueados y, lo que es
peor, endeudados. Y por si fuera poco, otros miles de millones, trasladados
descaradamente a concesiones y privatizaciones.
LA FICALIZACIÓN GUBERNAMENTAL, DEL “TIO LOLO”.
¿Por qué sostener una cara e inútil fiscalización a modo, simuladora y
encubridora, de entretenimiento y distracción? ¿Quién vigila y supervisa a los
vigilantes y fiscalizadores oficiales?
Todos a la báscula. Los que están y ya se van, tienen mucho que explicar y
justificar, conforme a las leyes que se supone debieron cumplir y hacer cumplir.
Por tanto, es hora también, de fiscalizar a los fiscalizadores.
En este contexto de transición, hay que recordar que en general, para todo
gobierno que asume sus responsabilidades, es importante determinar las
condiciones en que se recibe. Precisar con claridad e identificar que hicieron y qué
no; saber de logros y pendientes, de aciertos y errores; y desde luego, deslindar
responsabilidades y culpabilidades en las pérdidas, daños, retrocesos que habrán
de pagar presentes y futuras generaciones.
En resumen, obligados todos a saber, en cada área gubernamental qué se vive,
¿avance o retroceso? ¿Gobernaron los gobernantes? ¿Sirvieron los servidores?
¿Funcionaron los funcionarios? ¿Cumplieron y lo lograron metas y objetivos?
¿Simularon y engañaron?
Inaceptable cerrar los ojos y hacer como que no pasa nada y todo va bien. Mucho
menos justificar lo injustificable, y resignarse o aceptar ineptitud e improvisación,
mediocridad e ineficiencia, así como el crimen sin castigo.
Parte del cambio exigido, es no hacerles el juego a vividores y parásitos
refugiados en las estructuras de seguimiento y control, vigilancia y fiscalización.
Convertidos en cómplices y garantes de la impunidad; y hasta en renombrados
intocables y reciclables, expertos en proteger y esconder ineptitud, ineficiencia,
corrupción y delincuencia gubernamentales.
Esos que cobran muy bien y han hecho un creciente negocio de lo que no
funciona; aprovechándose de lo que fundamentalmente ha servido y sirve para
encubrir, esconder o corregir a modo; los mismos que, cuando no les queda de
otra, siguen sin denunciar y probar que se debe castigar a los responsables y
culpables, ampliamente señalados y conocidos por todos.
Esos, los llamados fiscalizadores, que salvo excepciones (si las hay), en lugar de
cumplir con su deber, además de que encubren, protegen y obtienen beneficios
propios, hasta llegan cínicamente a reconocer y exaltar la existencia de los
problemas, solo para pedir más recursos o proponer y recomendar la creación de
más instituciones, dependencias o burocracia en general, obviamente con cargo al
presupuesto y con nulos o mediocres resultados.
Fiscalizar, controlar, asegurar, auditar para remediar, corregir y reorientar bien y a
tiempo, sin daños ni pérdidas es, por desgracia y en gran parte, una función
pública ausente, convertida en muchas formas, solo en apariencia o
entretenimiento, encubridora y hasta cómplice, en los gobiernos que ya han
caracterizado la banca rota, quiebra, insolvencia o latrocinio de sus
administraciones y finanzas públicas, cada vez más y más comprometidas y
perjudicadas por generaciones.
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