INFORME ROJO

Namiko: el teatro de las lágrimas

* Los desaparecidos de Duarte  * Llorar a veces es divertido  * Los responsables, impunes  * CNDH: que se haga justicia  * Veracruz y sus crímenes  * 635 casos en ocho meses  * Coatza en cuarto lugar  * Periodistas de Mina, invasores de viviendas  * Que Flavino los metió  * CAEV: el negocio de los climas  * Aviadores y juniors  * Cuatro claves para desaparecer pagos

MUSSIO CARDENAS ARELLANO

Publicada en mussiocardenas.com

4 de octubre de 2017



Con sorna y con burla, acaso una sonrisa, ve Arturo Bermúdez la teatralidad de Namiko, sus lágrimas falsas y la voz que se quiebra, aludiendo al desaparecido, a las víctimas sin justicia, al régimen de impunidad en el que la hoy defensora de derechos humanos se movió a placer.

Sabe el ex secretario de Seguridad Pública, confinado en una celda de Pacho Viejo, el penal que es ya segundo hogar el duartismo, juzgados unos cuantos de los que militaron en el gobierno de Javier Duarte hasta llevar a la quiebra a Veracruz, que el lagrimeo no es real.

A la prisión llegan los ecos del show. Y recuerdan que al general de cero estrellas lo juzga el yunismo azul por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, no por desaparición forzada.

Frente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que conmina al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a saldar la deuda social con los familiares de los desaparecidos, Namiko Matzumoto Benítez descubre que en el duartismo, el régimen al que sirvió, se atropelló la ley.

Habla Namiko y ríe Veracruz. No sólo ríe Bermúdez sino todo Veracruz. Habla de impunidad, la que distinguió al gobernador que la encumbró, de Javier Duarte que la insertó en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas para contener el repudio por los crímenes de comunicadores.

Prevaleció la impunidad en el duartismo, dice Namiko. Y la voz se le quebró.

Pontifica y finge. Habla de las madres y los familiares que van dejando la vida en la lucha por hallar a los suyos, que no cesan en ese acto de amor por dar con ellos y sepultarlos con dignidad.

Se quiebra Namiko. Se le apaga la voz. ¿Será porque la conciencia recrimina… cuando se tiene conciencia?

Alude a 81 casos de desaparecidos en los que habría participación de elementos policíacos, o agentes del Estado, sean guardias con o sin uniforme.

Su resumen tiene un período: de febrero de 2011 a octubre de 2016, los días de Javier Duarte en el poder.

Buena actriz, Namiko Matzumoto trae a cuentas la Recomendación General 01/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía General del Estado, al Congreso del Estado y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito por omisiones legales, por la violación sistemática a los derechos humanos de las víctimas y personas vinculadas con la desaparición.

Había expresado Luis Raúl González Pérez que las desapariciones en México son un crimen de gravedad extrema, pluriofensivo, que no deben quedar impune.

“La existencia de un solo caso —puntualizó el titular de la CNDH—  de desaparición forzada de personas es inaceptable y debe mover a autoridades y sociedad para llegar a la verdad del mismo y propiciar que esta práctica se elimine por completo”.

Y agregó:

“Mientras no se dé debida respuesta y se atienda este problema, se seguirá hablando de un debilitamiento de las instituciones que afecta el tejido social y vulnera el Estado de Derecho”.

Decía González Pérez que, ante la gravedad del flagelo con familiares de desaparecidos, los casos se deben investigar y aclarar.

“Se cuentan por miles y aún no se puede determinar cuántos corresponden a desapariciones forzadas, por lo cual demando la atención prioritaria del Estado para que en cada uno se llegue a la verdad, mediante una investigación exhaustiva y pertinente, que localice a las personas desaparecidas e identifique a los responsables para que sean sancionados conforme a derecho”.

“Esta recomendación debe ser hoja de ruta para las autoridades de los tres niveles para encontrar la verdad, fincar las responsabilidades, determinar garantías de no repetición y conocer el paradero de nuestros seres queridos”.

Toca otro punto el ombudsman: el rol de las familias en la búsqueda. Y aduce que eso propicia una doble victimización. Hacen suya la investigación, hurgan en la tierra, indagan y siguen pistas, acopian datos para llegar al desenlace fatal.

Deben “entender —precisa Luis Raúl González— que lo que ustedes realizan es una coadyuvancia, pero la obligación es del estado”.

Halló la CNDH omisiones por parte de instancias de gobierno. Eso demuestra en no cumplimiento “de debida diligencia de investigación, lo que fomenta la impunidad y repetición de los casos y vulnera el derecho de las familias para tener acceso a la verdad y la justicia”.

Del Congreso de Veracruz en los días del duartismo, dice: “nunca asignó recursos para el fondo de reparación del daño de la Comisión de Atención a Víctimas, y esta a su vez fue omisa pues atendió apenas a 26 de los 81 casos investigados, cuando esa era su responsabilidad”.

Son 81 casos en que se presume la mano del policía o el ministerial, o los esbirros de Javier Duarte, o los grupos parapolicíacos de Bermúdez.

Mueve el ombudsman a pensar. Y a recordar.

Unos fueron por Regina Martínez, la corresponsal de Proceso y la asesinaron.

Otros fueron por Rubén Espinoza, reportero gráfico de Cuartoscuro, AVC y Proceso, asediado, exiliado, ubicado y ultimado.

Unos más por Karlo Reyes, golpeado a mansalva por capta con su lente el acarreo de borregos, los testigos del grito tipludo, la voz de pito de Javier Duarte en la conmemoración de Independencia, en 2015.

Otros que reprimieron a maestros y activistas sociales hasta desalojar Plaza Lerdo, en Xalapa, la madrugada del 13 de septiembre de 2014

O los que molieron a golpes a los jóvenes universitarios, en Xalapa, días antes de la elección federal.

O los que fueron por jóvenes a los antros, matando a los varones, reclutando a las mujeres para integrarlas a la prostitución, a los migrantes para servir al narco o ultimándolos solo para calentar la plaza y joderle el negocio a la banda rival.

O los que enfundados en su uniforme se llevaron de su depa al cantante Gibrán Martiz y un amigo, y los golpearon, y los torturaron, y les destrozaron los huesos, y les dieron el tiro de gracia antes que hicieran el montaje con el que pretendieron simular que habían muerto en un enfrentamiento entre malosos.

Eso que distinguió al duartismo es desaparición forzada. Y el priismo deslenguado de hoy lo calló, lo solapó, fue cómplice.

Son 3 mil 600 desapariciones en Veracruz, cifra actualizada luego que el duartismo falseo datos para engañar al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso también es delito.

Decían Duarte, Bermúdez y el resto de la pandilla que en Veracruz eran sólo mil 100 desaparecidos. Y no fue así.

Se asemeja esa perversidad a la de los regímenes militares que levantan y torturan, que matan y desaparecen los cuerpos, y luego se van a comulgar.

De ahí la risa del general Bermúdez, el gozo en Pacho Viejo, al escuchar el discurso plañidero de Namiko Matzumoto, tapadera de Javier Duarte en los días en que unos y otros se comían a Veracruz.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos llegó con el dedo de su mentor, acatando el Congreso de Veracruz, amordazados y cómplices los legisladores que desoyeron las voces que alertaban que la doctora Namiko era parte del mal.

Sirvió al régimen que alentó el posicionamiento de los cárteles y la desaparición de miles de veracruzanos, y de migrantes, mujeres y hombres, ancianos y niños que yacen en fosas clandestinas o terminaron cocinados por el ácido de una mente criminal.

y nunca levantó la voz.

Hoy pontifica Namiko. Y se quiebra. Y le fluyen las lágrimas de glicerina.

Es el teatro del dolor que no se siente.


Archivo muerto


Si esto no es violencia, ¿qué es? Sea por herencia del duartismo, o por la beligerancia de los cárteles, o por las insuficiencias del yunismo azul, o porque la violencia también se instiga desde los grupos que disputan el poder, Veracruz es un escenario de muerte. En ocho meses de 2017 el récord es brutal: 635 asesinatos dolosos. Es la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a agosto. Y son 10 los municipios donde se concentra la mayor violencia: Córdoba con 103 denuncias de homicidio; Veracruz, 89; Poza Rica, 78; Coatzacoalcos, 73; Papantla, 65; Xalapa, 63; Tuxpan, 45; Tierra Blanca, 41; Pánuco, 39 y Tihuatlán, 39. En el segundo bloque se halla Las Choapas con 35 casos, sólo superado por Cosamaloapan con 36; Martínez de la Torre, 25; Orizaba, 24; Isla, 21; Rodríguez Clara, 21; Boca del Río, 20; Paso del Macho, 17; Fortín de las Flores, 15, y Tlacotalpan, 13. Sin freno, la violencia sigue siendo el punto medular de la agenda pública, el punto débil del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el factor que influirá en el rumbo político de Veracruz. Y si la violencia tiene origen político, que se revele qué grupos de poder le mueven la mano a los cárteles… Osados, los periodistas de Minatitlán. Se apropian de casas para damnificados, abandonadas, y pugnan para que el yunismo azul les conceda la regularización. Circula un oficio, que horas después, sus protagonistas se encargan de confirmar. Lo cursa la Asociación de Periodistas del Sur de Veracruz al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con atención al secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, para que “nos otorgue seguridad jurídica y patrimonial con una vivienda que poseemos en el fraccionamiento El Mariano”. ¿Poseemos? “Para tal fin, anexamos un padrón de periodistas y/o familiares de los mismos, así como documentos necesarios que servirán para iniciar el proceso de regularización, no habiendo condiciones que impidan al gobierno de Veracruz atender esta sentida demanda de los periodistas que como cualquier otro ciudadano veracruzano tiene el derecho a contar con una VIVIENDA DIGNA”. Su sentida demanda se finca sobre un despojo. En 2008, provocado por las inundaciones, se otorgó el predio y 416 viviendas a verdaderos damnificados, algunos de origen campesino. Parte de ellas las ocuparon, otras no. Y al paso del tiempo, por carecer de servicios públicos elementales, ahí las dejaron. El proyecto tuvo un costo de 30 millones de pesos. Tiempo después comenzó la invasión. Fueron ocupadas por periodistas o sus familiares que ahora pretenden que el gobierno yunista les regularice. Hace un mes, el 4 de septiembre, la nueva directiva del predio El Mariano le externó al alcalde irreal de Minatitlán Héctor Cheng Barragán, alias TítereCheng, que si no les resolvía acudirían a los gobiernos estatal y federal. “Estamos muy molestos porque no se ha dado solución a esta situación”, y argüían que las casas “están en posesión de personas extrañas”. Detona el caso el portal Plumas Libres. Y sentencia: “Las casas fueron invadidas durante los últimos días del fatídico gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cuando los reporteros y sus familias recibieron la autorización del ex gobernador Flavino Ríos, originario de Minatitlán, y del ex director de Tránsito del Estado, Ricardo Orozco Alor”. Hay en la lista periodistas de Olmeca TV, Notisur, Itesco, petroleros con planta, propietarios de negocios, “aviadores” en el ayuntamiento de Minatitlán. Sentida demanda, pues. Sentido despojo… Su nombre es Margo y cobra caro. Su negocio es el mantenimiento a aparatos de aire acondicionado y en CMAS o CAEV Coatzacoalcos encontró su tesoro. Margo o Proveedora y Servicios Industriales pasa facturas de alto registro, según los insiders de la empresa operadora del sistema de agua, donde hasta el más timorato se ha llenado los bolsillos. Un ejemplo que prendió focos rojos: por el mantenimiento a un clima cobró o quiso cobrar 10 mil pesos. Algo así como si fuera aparato nuevo, recién salido de Plaza Forum. Esa es una. Hay otra: en marzo y abril CMAS no aplicó cloro al agua que suministró a la población por razones que sólo el subdirector de Administración, Jorge Cuauhtémoc Ursúa Zenteno, ha de saber. Y otra: proliferan los “aviadores” y los privilegiados que laboran cuando quieren y si quieren, y los que ostentan riqueza y lujo. En la nómina, presuntamente ya saneada, aparecen Jorge y Fernando Pineda, que nadie sabe de qué la rolan; e Ileana Arias Rodríguez, en la caja cobradora; o Selene Marroquín, del área de Recursos Humanos, y Karina Flores “La Madrina”, en Compras, que queman su tiempo en el restaurant Aguamala; o Rubén Romero, el “junior”, consentido del ex director Rafael Abreu Ponce, un chamaco que presume auto, viajes y dinero a granel. Tan explosivo CMAS como en los días en que estuvo bajo control del “suegro incómodo”, Tony Macías, el Comandante Zeus. Al subdirector Comercial, Félix López Ramón, le tocará explicarle a altos mandos del yunismo azul la mecánica de los pagos que no entran al sistema, la condonación de adeudos y cuatro conceptos clave: regularización y reestructuración, error de medida, error de toma y error en la calidad del agua. Ahí está la explicación al dinero del que nadie sabe su paradero. ¿O no, Emily?… Precisión: Armando Isidro Luis no es el joven perseguido por sicarios, conductor del vehículo Jetta, color azul, asediado y rafagueado en la colonia La Cuevita, en Las Choapas, el domingo 1. Armando Isidro es el fiscal primero. Quien conducía el auto esa noche era Ángel Donet Méndez Cadena, hijo de la diputada por el distrito Coatzacoalcos Rural, hoy sin fuero, Eva Cadena Sandoval. Por el error en la aseveración consignada en la entrega anterior de INFORME ROJO, se ofrece una disculpa…


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