Por Areli Villalobos/
Ciudad de México. (apro).- Una recomendación del Comité internacional para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) puso en evidencia las omisiones y obstáculos del Estado Mexicano en la investigación de muertes por feminicidios, especialmente en el estado de Veracruz.
El grupo de 23 expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el CEDAW, emitió una recomendación al gobierno federal para que reabra el caso del feminicidio de la joven Pilar Argüello Trujillo, ocurrido en septiembre de 2012, en el municipio de Coscomatepec de Bravo en Veracruz, y garantice el funcionamiento “adecuado” de las instituciones locales para la procuración de justicia.
La recomendación fue notificada el 7 de agosto a la asociación civil veracruzana Equifonía, que lleva el curso legal del caso, sin embargo, se dio cuenta del escrito hoy en una conferencia de prensa.
En el documento se recomiendan tres puntos principales: “Reanudar la investigación del asesinato de Pilar Argüelles Trujillo dentro de un plazo razonable a fin de identificar y eliminar los factores que hayan impedido aclarar las circunstancias de delito. Esto pondría en evidencia la determinación del estado para garantizar la justicia “.
Continúa: “Se deben eliminar las trabas estructurales que obstaculizan el funcionamiento del sistema de justicia y la investigación eficaz de homicidios por razón de género”
Por último, insiste en reforzar la capacitación de servidores públicos, especialmente de los agentes policiales, fiscales y jueces.
Y es que según comentó en entrevista para Apro Adriana Fuentes, abogada de los padres de Pilar, este caso resulta emblemático en materia de impunidad.
El cuerpo de Pilar, de 20 años, fue encontrado en medio de un chayotal con evidentes signos de violencia sexual, semidesnudo y expuesto, todas, características que según la litigante evidencian un feminicidio.
Sin embargo, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado y la Sala de Responsabilidad Juvenil pusieron en libertad al principal sospechoso del homicidio, la pareja sentimental de la joven, con todo y que él mismo declaró su culpabilidad, incluso participó en la reconstrucción verbal de los hechos.
Ambas instancias de justicia argumentaron, comentó Adriana Fuentes, que no existían elementos suficientes para determinar la sanción, por lo que el joven (del que se resguarda su identidad) quedó en libertad en noviembre de 2012.
En el proceso también se cometieron otras irregularidades, como que no se agotaron todas las diligencias, no se pidió la sábana de llamadas y faltaron estudios científicos, dijo Fuentes.
Pero lo más importante, refirió la abogada, es que en caso de que se reabra la investigación el novio de Pilar no podrá ser juzgado por el mismo delito, ya que lo prohíben las leyes mexicanas.
Es decir, podría quedar impune por omisiones de las mismas instancias de procuración de justicia.
Además, subrayó el hecho de que la misma Secretaría de Gobernación apeló ante el CEDAW para que esta fuera omisa de la queja, bajo el argumento de que no se habían agotado las instancias nacionales del caso.
“Es un caso emblemático porque el Comité del CEDAW reconoce un caso de impunidad especifico en donde el Estado ha dejado de hacer cosas, lo que ha provocado que no haya justicia.
“El gobierno federal va a tener que articularse con el estado (de Veracruz) para dar cumplimiento a este caso, ya que, si bien no es una recomendación vinculatoria, hay que recordar que el año que entra el CEDAW llega a México para hacer su recomendación general anual”, concluyó la litigante.
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